Los gobernadores regionales manifestaron su descontento con la Dirección de Presupuesto (Dipres) y su directora, Javiera Martínez, a quienes acusan de retener recursos clave debido a un «error de cálculo» en las proyecciones de ingresos para 2024. Esta situación estaría dificultando el cumplimiento de compromisos financieros y la ejecución de proyectos en varias regiones.
La acusación de los gobernadores
Rodrigo Mundaca, presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi), denunció rebajas presupuestarias arbitrarias y la falta de reposición de fondos por parte de la Dipres. Según Mundaca, esta situación afecta la inversión, el empleo y los pagos a proveedores.
El gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, fue más crítico y señaló que el error en los cálculos presupuestarios debería tener consecuencias. «En cualquier empresa, quien comete un error de este tipo debería dar un paso al costado», afirmó. Además, detalló que su región enfrenta un déficit de $38 mil millones, lo que está retrasando pagos esenciales y compromisos de diciembre.
El impacto financiero
El diputado Frank Sauerbaum (RN) estimó que el supuesto error de cálculo de la Dipres podría alcanzar los US$4.400 millones, afectando no solo a los gobiernos regionales, sino también a municipios y hospitales, que enfrentarían dificultades para cerrar el año fiscal.
La defensa del Gobierno
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, negó categóricamente las acusaciones de un error de cálculo. Aseguró que las cuentas fiscales han sido revisadas exhaustivamente y que no existen fundamentos para dichas afirmaciones. Marcel argumentó que las restricciones presupuestarias actuales son el resultado de medidas introducidas en procesos anteriores, las cuales han generado complicaciones operativas para los gobiernos regionales.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que el sistema de competencias otorgado a los gobernadores regionales es insuficiente. Indicó que, aunque administran fondos significativos, carecen de herramientas para implementar políticas públicas efectivas.
Exigencias y próximos pasos
Los gobernadores demandan que la Dipres transfiera los recursos pendientes y asegure la continuidad de los proyectos regionales. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la gestión presupuestaria se realiza conforme a la normativa vigente y descarta irregularidades en las proyecciones financieras.
El conflicto refleja las tensiones entre la administración central y las regiones, destacando la necesidad de ajustar el marco institucional para fortalecer la descentralización y garantizar una distribución adecuada de recursos.





