Continúan los efectos del caso por la fallida compraventa de la propiedad en Guardia Vieja, luego que este jueves presentara su renuncia Bernardita Nazar, abogada del Segundo Piso de La Moneda. La asesora habría estado al tanto de la inhabilidad legal que afectaba a Isabel Allende y a la exministra Maya Fernández para adquirir la vivienda.
Su salida se suma a la de Leonardo Moreno, encargado del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales, quien también habría conocido del impedimento constitucional.
La presión crece sobre Francisca Moya
Estas dimisiones ocurren en medio de una creciente presión para que también renuncie Francisca Moya, jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). La funcionaria reconoció saber de la inhabilidad, pero afirmó que no era su responsabilidad advertirlo por no estar dentro de sus atribuciones.
Su permanencia en el cargo ha generado fuertes críticas, especialmente por el respaldo que ha recibido desde el Ejecutivo. Muchos acusan amiguismo en La Moneda, dado el estrecho vínculo entre Moya y el Presidente Gabriel Boric.
Un vínculo personal bajo la lupa
El Presidente no ha ocultado su cercanía con Francisca Moya. En una publicación de 2019 en su cuenta de Instagram, Boric escribió:
“Somos amigos hace más de 10 años. Es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo completamente.”
Este respaldo ha generado cuestionamientos tanto dentro como fuera del oficialismo, especialmente tras confirmarse que la compra de la vivienda contravenía el artículo 60 de la Constitución, lo que finalmente forzó la salida de Isabel Allende del Congreso.
¿Qué viene ahora?
El gobierno enfrenta un complejo escenario. Las renuncias de Nazar y Moreno marcan un quiebre interno, mientras las miradas se centran ahora en la continuidad de Moya y en la necesidad de asumir responsabilidades políticas por el error legal que detonó el escándalo.





