El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso inició una paralización de actividades este lunes, en respuesta a presuntas irregularidades en los procesos de contratación. Según los funcionarios, las incorporaciones recientes responderían a afinidades personales con cargos directivos y no a méritos profesionales.
La denuncia fue realizada por la Asociación de Funcionarios del SLEP, quienes ya habían manifestado su malestar el pasado 15 de mayo mediante un comunicado público. En dicho documento, advirtieron sobre “vicios” en las contrataciones que estarían afectando directamente la calidad del servicio educativo.
El presidente de la asociación, Felipe Bastías, explicó que muchas contrataciones se habrían realizado de forma directa, privilegiando vínculos con la dirección ejecutiva por sobre las competencias laborales.
“El paro se debe a que durante el año pasado y este año se ingresó a muchas personas por afinidad con la dirección ejecutiva. Esto genera inequidades dentro de la carrera funcionaria”, afirmó Bastías.
El dirigente anunció que acudirán a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación formal. Según indicó, las irregularidades estarían perjudicando gravemente la calidad del servicio que se entrega a las comunidades educativas.
Los funcionarios advirtieron que el paro se mantendrá hasta que se implementen cambios en los procesos de contratación. Exigen que se garantice la transparencia y se establezcan criterios claros que eviten nuevas arbitrariedades.
El vicepresidente del Colegio de Profesores de la región de Valparaíso, Andrés Arce, manifestó el total respaldo del gremio a la movilización. Aseguró que también han solicitado a las autoridades del SLEP y al director nacional de Educación Pública que se priorice la idoneidad en los nombramientos.
“Apoyamos completamente esta movilización. Hemos pedido que los cargos dentro del Servicio Local se asignen por mérito y no por cercanía con autoridades”, señaló Arce.
Por su parte, desde el SLEP Valparaíso emitieron un comunicado en el que afirman que, si no reciben una respuesta concreta y correctiva desde la Dirección Ejecutiva, recurrirán a todas las instancias legales e institucionales disponibles para proteger la integridad del servicio y el buen uso de los recursos públicos.








