Directora de Presupuestos explica que adquisición de casa de Allende no tuvo asignación específica y desata críticas en el Congreso

Este lunes, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, expuso ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Durante su intervención, aclaró que el gasto de $2.400 millones no tenía una asignación específica en la Ley de Presupuestos, lo que generó duras críticas desde la oposición.

Martínez explicó que, si bien los fondos estaban contemplados dentro del presupuesto global aprobado para el año 2024, no se trataba de una partida detallada exclusivamente para este proyecto. Según dijo, “cuando se presenta la ley de presupuesto, no se vota por una asignación específica asociada a un proyecto en particular, sino por asignaciones globales”.

Además, relató que inicialmente el proyecto fue considerado una iniciativa de inversión bajo el subtítulo 31. Sin embargo, al avanzar el proceso, se reclasificó como adquisición de un inmueble, por lo que se transfirió al subtítulo 29. Esto se realizó a solicitud del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y permitió que el Ministerio de Bienes Nacionales se hiciera cargo de la compra.

Martínez defendió que este tipo de modificaciones es algo habitual en la gestión del presupuesto público: “Durante los últimos dos años se han hecho en promedio más de 2.300 modificaciones similares”. También insistió en que, una vez hecha esta reasignación, la Dirección de Presupuestos no tiene injerencia en las etapas posteriores del proceso.

No obstante, las explicaciones no convencieron a todos. La diputada Paula Labra (RN) acusó que “se intentó pasar gato por liebre al Congreso”, y que el gobierno “fue definiendo a medio camino qué hacer con los recursos”. Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) afirmó que el subtítulo aprobado por el Congreso no consideraba la compra de propiedades, y que hubo un “engaño al Parlamento”.

Frente a estas acusaciones, la directora fue enfática: “Obviamente que nunca lo que hay detrás de esto, desde el Ejecutivo, es engañar al Congreso. Se trata de utilizar la flexibilidad presupuestaria que la ley permite para mejorar la gestión pública”.

La comisión investigadora se encuentra en su fase final y en las próximas sesiones definirá las conclusiones del informe sobre este fallido intento de compra.

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