Liberación de sicario del “Rey de Meiggs” desata crisis institucional: investigan error, falsificación o negligencia

La sorpresiva excarcelación de Osmar Ferrer Ramírez, uno de los imputados por el asesinato del conocido comerciante José Reyes Ossa, ha generado un escándalo que compromete al Poder Judicial y Gendarmería. Las autoridades investigan si se trató de un fallo administrativo, un acto doloso o una posible falsificación de documentos.

Una polémica liberación ha puesto en jaque al sistema judicial y penitenciario chileno. Osmar Alexander Ferrer Ramírez, uno de los presuntos sicarios implicados en el asesinato de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, fue dejado en libertad el pasado 10 de julio por una orden judicial, en circunstancias que hoy están siendo intensamente investigadas.

El caso ha despertado múltiples interrogantes: ¿fue una falsificación de documentos?, ¿un error administrativo?, ¿una acción dolosa? El fiscal Marcos Pastén, a cargo de la investigación, aseguró que se están revisando todas las hipótesis posibles, incluyendo la evasión de detenido, negligencia e incluso falsificación de instrumento público.

La orden que permitió la liberación de Ferrer Ramírez fue emitida por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, apenas minutos después de haber dictado prisión preventiva en su contra. La jueza Irene Rodríguez, quien firmó ambas resoluciones, defendió su actuación y descartó cualquier tipo de dolo o corrupción en el proceso. Según afirmó, las tres órdenes de ingreso a prisión que dictó esa noche fueron debidamente firmadas y entregadas a Gendarmería.

Sin embargo, desde el Poder Judicial se confirmó que el 9 de julio, a las 20:17 horas, se emitió la orden de prisión preventiva, pero que fue corregida ocho minutos después por un problema de identificación del imputado. Finalmente, a las 20:28 horas se habría emitido la versión definitiva de la resolución. Dos correos con estas órdenes fueron enviados el 10 de julio a Gendarmería, organismo que asegura haber recibido la documentación “por los canales regulares” y haber cumplido con lo instruido por el tribunal.

El gobierno reaccionó con fuerza. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó la situación como “grave e inexplicable”, mientras que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dijo que si se trató de un error, es un hecho “impresentable” y que se deben ajustar los protocolos.

La Policía de Investigaciones incautará computadores del tribunal y ha emitido una Alerta Roja de Interpol para dar con el paradero de Ferrer Ramírez, hoy prófugo. La jueza ya fue interrogada por el Ministerio Público, mientras el tribunal de alzada ordenó un sumario administrativo.

Ferrer Ramírez, de nacionalidad venezolana y con situación migratoria irregular, fue detenido junto a otros dos sujetos el 9 de julio por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). El crimen del “Rey de Meiggs”, perpetrado el 19 de junio en Ñuñoa, estaría vinculado con la organización criminal Tren de Aragua. Tras el homicidio, los implicados se trasladaron a Osorno para ocultarse, pero fueron capturados al regresar a Santiago.

El caso sigue abierto y cada nueva revelación agudiza la crisis de confianza en el sistema judicial chileno.

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