Demolición de la toma Calicheros en Quilpué será ejecutada en septiembre

Orden judicial y acciones del Minvu

Después de más de un año desde que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenara la demolición, la toma Calicheros de Quilpué será finalmente retirada en septiembre. Así lo informó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), tras coordinarse con la Delegación Presidencial Regional en una mesa técnica que definió los plazos de ejecución.

El terreno, donde actualmente se emplaza la toma, pertenece al empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020 en las afueras de su vivienda en Concón. Su familia señaló que hasta ahora no ha recibido una notificación oficial sobre la fecha del procedimiento.

Reclamos de la familia propietaria

La abogada Jeanette Bruna, representante de la familia Correa, solicitó un documento formal al Minvu que confirme día y hora del operativo. Según indicó, esta notificación es fundamental para avanzar en trámites que eviten futuras ocupaciones ilegales.

“No tenemos ninguna notificación oficial. Pedimos al Minvu que se nos comunique formalmente el día y la hora de la demolición para poder preparar las gestiones necesarias que permitan resguardar el terreno”, señaló la abogada.

Posición del Minvu

La seremi de Vivienda y Urbanismo en Valparaíso, Belén Paredes, afirmó que se están acelerando las coordinaciones para ejecutar tanto el desalojo como la demolición en las primeras semanas de septiembre.
“Estamos cumpliendo con todas las acciones que nos corresponden. La demolición se llevará a cabo en el corto plazo, tal como lo ordenó la Corte”, aseguró.

Críticas desde la Municipalidad de Quilpué

La alcaldesa Carolina Corti cuestionó al Minvu y presentó un reclamo ante la Contraloría Regional de Valparaíso. Según la edil, el ministerio ha intentado trasladar responsabilidades a la municipalidad.
“Hemos recurrido nuevamente a Contraloría porque es inaceptable que no entreguen el catastro al Delegado Presidencial Provincial y pretendan que el municipio asuma una tarea que corresponde al Ministerio de Vivienda”, sostuvo.

Además, advirtió que a más de un año de la sentencia, el Estado aún no ha cumplido con la demolición ordenada.

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