Cuba cerró 2025 con casi 1.200 presos políticos y denuncias de tortura sistemática

Cuba terminó el año 2025 con un panorama crítico en materia de derechos humanos, al registrar 1.197 presos políticos y de conciencia, según el informe anual presentado por la organización internacional Prisoners Defenders. El reporte advierte que la represión estatal no solo se mantiene, sino que se ha profundizado, con nuevas detenciones, torturas sistemáticas y la expansión del modelo represivo cubano hacia otros países de la región.

El documento, fechado el 15 de enero de 2026, detalla que solo durante 2025 se produjeron 134 nuevas detenciones políticas, en un contexto marcado por la ausencia de garantías judiciales, el uso arbitrario del sistema penal y la aplicación del castigo físico y psicológico como herramienta de control social.

Detenciones sin debido proceso y tortura generalizada

“Nuestra lista incluye personas privadas de libertad mediante sentencias o disposiciones fiscales sin supervisión judicial, sin debido proceso y sin defensa efectiva”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, durante la presentación del informe. Según explicó, no se trata de hechos aislados, sino de un sistema de persecución estructural que atraviesa todo el aparato del Estado cubano.

De acuerdo con la organización, a lo largo de 2025 pasaron por las cárceles de la isla un total de 1.290 prisioneros políticos, todos ellos sometidos a algún tipo de tortura, una práctica que Prisoners Defenders ya había documentado en investigaciones previas. Solo en diciembre se registraron diez nuevas detenciones, siete hombres y tres mujeres, en su mayoría en el oriente del país, acusados principalmente por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, una figura penal amplia utilizada de forma recurrente para criminalizar la disidencia.

Menores de edad y graves problemas de salud

El informe subraya el impacto humano de estas cifras. Entre los casi 1.200 presos políticos identificados hay 128 mujeres y 32 personas que fueron detenidas siendo menores de edad, 29 hombres y tres mujeres. Además, 464 prisioneros presentan patologías médicas severas y 42 padecen trastornos graves de salud mental, sin acceso a atención médica o psiquiátrica adecuada.

Según Larrondo, muchas de estas dolencias han sido causadas o agravadas deliberadamente por la mala alimentación, los malos tratos y la negación sistemática de asistencia sanitaria dentro de los centros de detención.

Condenas por sedición y criminalización de la protesta

Uno de los ejes centrales del informe es la condena de 219 manifestantes por el delito de “sedición”, con penas que promedian los diez años de prisión. Entre ellos se encuentran 16 personas que fueron detenidas cuando aún eran menores de edad, lo que, según la organización, evidencia el incumplimiento reiterado de los compromisos internacionales asumidos por Cuba en materia de protección de la infancia.

Estas condenas están vinculadas principalmente a protestas y expresiones públicas de disidencia, reforzando, según el informe, la utilización del sistema judicial como un mecanismo de castigo político.

Exportación del modelo represivo a Venezuela

El informe también alerta sobre la proyección internacional del aparato represivo cubano, particularmente en Venezuela. Prisoners Defenders documentó la muerte de más de 64 militares cubanos que integraban el anillo de seguridad del presidente Nicolás Maduro, lo que confirmaría, según la organización, la presencia activa de fuerzas represivas cubanas en territorio venezolano.

“Estamos recopilando testimonios sobre torturas diseñadas y ejecutadas por agentes cubanos en Venezuela”, señaló Larrondo, quien indicó que los relatos coinciden con los 15 patrones de tortura ya identificados en las cárceles cubanas, incluyendo agresiones físicas, privación del sueño, posturas forzadas, tortura sexual y amenazas constantes.

Excarcelaciones condicionadas y llamado internacional

Otro punto crítico del informe es lo que la organización denomina el “fraude del lenguaje”. Según Larrondo, tanto en Cuba como en Venezuela los gobiernos anuncian supuestas liberaciones que en realidad corresponden a excarcelaciones condicionadas, bajo amenazas y vigilancia permanente. En enero de 2025, el gobierno cubano anunció la liberación de 553 presos, pero solo 219 presos políticos fueron efectivamente excarcelados, sin que ello implicara el fin de la persecución.

El informe concluye con un llamado directo a la comunidad internacional. “Basta de normalizar lo inaceptable”, sostuvo Larrondo, instando a la Unión Europea, a los gobiernos democráticos y a los organismos internacionales a adoptar medidas concretas, verificables y urgentes. “Las víctimas necesitan protección, visibilidad y justicia”, afirmó, recordando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a resistir frente a la tiranía y la opresión.

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