Alcohol, drogas y estafas internas: así funcionaba la red de corrupción de gendarmes en cárcel de Puerto Montt

Una investigación del Ministerio Público reveló el funcionamiento de una compleja red de corrupción al interior del penal de Alto Bonito, en Puerto Montt, donde siete funcionarios de Gendarmería y una civil fueron acusados por delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
La formalización se realizó en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, instancia en la que la fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Nathalie Yonsson, expuso una serie de antecedentes que dan cuenta de un verdadero mercado ilegal operando dentro del recinto penitenciario.
Venta de alcohol, medicamentos y cobros por favores
Según la acusación, los funcionarios permitían el ingreso de alcohol, medicamentos y comida a cambio de pagos en efectivo. Entre los productos ofrecidos se incluían botellas de ron por hasta $150.000, sildenafil conocido como Viagra, además de alimentos como sándwiches, pichangas y tablas de sushi preparadas por familiares de uno de los imputados.
En el módulo 43, a cargo de los gendarmes Mario Palma Lincura, Francisco Romero y Senén Orellana, también se cobraban sumas de dinero a los internos para permitir encuentros sexuales con visitas conyugales en los baños del penal, práctica conocida entre los reclusos como el pago por “derecho a baño”.
“Módulos bancarios” y estafas telefónicas
La investigación también detectó la operación de sectores conocidos como “módulos bancarios” en los módulos 41 y 42, bajo supervisión de Edgardo Cerda y Nicolás Toro. En estos espacios, los internos realizaban estafas telefónicas con total impunidad, utilizando celulares que ingresaban al penal con conocimiento de los funcionarios.
Las llamadas extorsivas eran incluso grabadas en video y difundidas en redes sociales. Para evitar ser detectados por las cámaras de seguridad, los reclusos se cubrían con mantas mientras realizaban las llamadas. Una de las denuncias que permitió rastrear el origen de estas estafas provino de una víctima en Temuco, cuyo caso fue vinculado directamente al penal Alto Bonito.
Red financiera y uso de cuenta de una menor
La fiscalía detalló que la red no operaba únicamente con pagos en efectivo. La única imputada civil, Marcela Moreno, habría facilitado sus cuentas bancarias para recibir transferencias de familiares de los internos. Un antecedente especialmente grave fue el uso de la cuenta bancaria de su hija de 14 años para ocultar y triangular los dineros obtenidos ilícitamente.
De acuerdo con la indagatoria, las sumas transferidas superaban en varias ocasiones los $2.000.000, montos que posteriormente eran retirados y entregados en efectivo al suboficial Palma.
Amenazas y control interno
La investigación de la PDI también reveló que la organización ejercía presión y amenazas contra funcionarios que no participaban en los ilícitos. Un gendarme que denunció el hallazgo de un celular oculto recibió al día siguiente un dibujo de un arma blanca en su casillero, hecho interpretado como una amenaza directa.
Audiencia continúa y detención validada
Previo al inicio de la formalización, las defensas intentaron anular el procedimiento cuestionando el uso de la Ley 20.000 para investigar el patrimonio de los imputados y la validez de testimonios anónimos. No obstante, el juez Rolando Díaz desestimó los argumentos y validó la detención, señalando que existían fundamentos suficientes para la orden judicial.
Durante la audiencia, la fiscalía presentó mensajes interceptados entre los imputados, entre ellos uno fechado el 8 de octubre de 2024 que señalaba: “A veces, no a todos, tienes que aceptar una moneda sí”. También se mencionó la declaración de otra funcionaria de Gendarmería, esposa de uno de los acusados, quien reconoció la venta de alimentos como curanto promocionados en redes sociales.
La audiencia fue suspendida cerca de las 17:00 horas, quedando los ocho imputados bajo custodia en el penal de Alto Bonito. El proceso continuará esta jornada a partir de las 11:00 horas.







