El Servicio Electoral detectó contrataciones de parientes, créditos bancarios millonarios y desembolsos llamativos en campañas presidenciales y parlamentarias
El Servicio Electoral continúa revisando los gastos declarados por los candidatos que participaron en la última elección presidencial y parlamentaria, un proceso clave para definir los reembolsos estatales en función del número de votos obtenidos. En este contexto, comenzaron a conocerse detalles que han generado debate público, entre ellos la contratación de familiares directos en distintas campañas.
Uno de los antecedentes que llamó la atención fue el gasto del presidente electo José Antonio Kast, quien destinó cerca de 450 millones de pesos a su cierre de campaña en el Movistar Arena. Sin embargo, más allá de los montos globales, la revisión del Servel dejó en evidencia múltiples casos de pagos a parientes en labores administrativas, de coordinación y logística electoral.
Hasta ahora, el caso más conocido era el de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, quien volvió a designar a su hermano Fernando Matthei Fornet como administrador electoral, tal como ocurrió en su candidatura de 2013. A este se suman otros ejemplos, como el del candidato a senador Jorge Rathgeb, quien pagó 2,5 millones de pesos a su hijo por desempeñarse como administrador electoral.
En la rendición del excandidato a diputado Cristián Daly Dagorret también aparecen varios vínculos familiares. Según los registros, arrendó una sede de campaña a su hermana por más de 3,5 millones de pesos, alquiló un vehículo a su tía por poco más de 2 millones y contrató a un primo como jefe de programación avanzada por más de 5 millones de pesos.
Situaciones similares se repiten en otras candidaturas. El excandidato del Partido Social Cristiano Patricio Arenas Román declaró un pago de 5 millones de pesos a su hermana como coordinadora de campaña. En tanto, el candidato de la Democracia Cristiana Feve Hugo Lorca consignó pagos por más de 5,5 millones de pesos a una familiar directa.
La revisión del Servel también incluye los créditos bancarios solicitados por los candidatos para financiar sus campañas, los que posteriormente se amortizan con el reembolso estatal. Entre los casos destacados figuran préstamos superiores a los 50 millones de pesos solicitados por candidatos de distintos sectores políticos en entidades como BancoEstado y BCI.
Además de las contrataciones familiares, el organismo registró gastos considerados poco habituales. Entre ellos, una candidata de Renovación Nacional declaró casi 25 millones de pesos en limas de uñas, mientras que otros postulantes destinaron recursos a estudios jurídicos, análisis políticos y encuestas de opinión.
En el detalle de asesores y equipos de campaña también aparecen figuras conocidas del mundo político y comunicacional. Exconvencionales, activistas públicos, agencias de comunicación y abogados con trayectoria en casos de alto perfil figuran entre los prestadores de servicios remunerados durante el proceso electoral.
Desde el Servel recalcan que la contratación de familiares no está prohibida por la ley, siempre que los servicios estén debidamente acreditados y los gastos se ajusten a la normativa vigente. No obstante, la información revelada vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites éticos, la transparencia y el uso de recursos en campañas políticas.








