Contraloría revela pagos sin respaldo y sobreprecios millonarios en contratos por megaincendio en Valparaíso

El informe detectó maquinaria inexistente, subcontrataciones irregulares y graves fallas de control en la gestión de recursos públicos durante la emergencia de 2024.

La Contraloría General de la República emitió un contundente informe sobre la actuación de autoridades y servicios públicos durante la emergencia provocada por los incendios que afectaron a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024. La catástrofe dejó cientos de víctimas fatales y expuso serias deficiencias en el manejo de recursos estatales.

Uno de los focos principales del informe es la Delegación Presidencial de Valparaíso, organismo que ejecutó una parte relevante del gasto público durante la emergencia. La auditoría identificó irregularidades que podrían constituir delitos, por lo que se ordenaron sumarios administrativos y se enviaron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar acciones penales.

La revisión se concentró en nueve contratos por un monto total de $8.966 millones, cifra que representa cerca del 34% de los recursos ejecutados por la Delegación en el contexto del megaincendio. Según la Contraloría, una parte significativa de esos pagos no cuenta con respaldo suficiente que acredite la efectiva prestación de los servicios contratados.

Entre los hallazgos más graves se encuentran pagos por más de $525 millones asociados a servicios que no pudieron ser verificados. En el caso de la empresa Minera y Constructora Río Grande SpA, se detectaron desembolsos por $125 millones correspondientes a turnos de camiones tolva cuya ejecución no fue posible comprobar. En tanto, la empresa San Nicolás SpA recibió más de $399 millones por turnos de maquinaria pesada respaldados con fotografías repetidas, inconsistentes o con documentación inválida.

El informe también describe situaciones anómalas en la operación diaria de los contratos. Se identificaron pagos duplicados, vehículos que aparecían operando en distintos turnos de manera simultánea y conductores registrados como responsables de más de una máquina al mismo tiempo. Además, se constató el uso de vehículos cuyas patentes no figuraban en el Registro Civil o presentaban certificados técnicos con irregularidades.

Otro aspecto crítico del informe dice relación con los sobreprecios. Al comparar los valores pagados por la Delegación de Valparaíso con los costos asumidos por otros organismos públicos durante la misma emergencia, la Contraloría detectó diferencias que alcanzan entre un 220% y un 378% en el arriendo de maquinaria pesada. El caso más grave corresponde a los contratos con San Nicolás SpA, donde la diferencia entre lo pagado a subcontratistas y lo cobrado al Estado llegó hasta un 557,89%, lo que implicaría sobreprecios superiores a los $4.200 millones.

La auditoría también estableció que ambas empresas subcontrataron la totalidad de los servicios, pese a que la normativa vigente solo permite subcontrataciones parciales y siempre con autorización expresa, requisito que no se cumplió. Además, al momento de las adjudicaciones no se acreditó que las empresas contaran con maquinaria propia suficiente ni con la capacidad técnica u operativa necesaria para asumir contratos de esta magnitud.

El diagnóstico de la Contraloría es especialmente severo respecto del control interno de la Delegación Presidencial de Valparaíso. Se constataron retrasos de hasta 403 días en el pago de facturas, certificaciones técnicas emitidas con demoras cercanas a un año y la omisión del trámite de toma de razón en contratos que superaban las 8.000 UTM, incumpliendo normas obligatorias.

Asimismo, el informe señala que no se exigieron certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales en ninguno de los contratos revisados, pese a que el monto total comprometido superó los $8.900 millones. Tampoco se investigaron formalmente denuncias presentadas por camioneros que acusaban falta de pago por parte de empresas subcontratistas durante la emergencia.

El documento, de más de 120 páginas, concluye que las irregularidades detectadas corresponden a hechos consolidados que no pueden ser corregidos posteriormente. La Contraloría subraya que, aunque la emergencia exigía rapidez en la respuesta del Estado, ello no justifica el incumplimiento de la legalidad ni la falta de control en el uso de recursos públicos.

Finalmente, el organismo fiscalizador advirtió que la magnitud de los montos observados y la reiteración de las irregularidades evidencian fallas estructurales en los mecanismos de control. En ese contexto, llamó a fortalecer los procesos de contratación en situaciones de emergencia, asegurando rapidez, transparencia y apego a la normativa vigente.

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