Desde el Ministerio de Justicia aseguran que los cambios responden a cargos de confianza y descartan un desmantelamiento del plan impulsado en la administración de Gabriel Boric.
El Gobierno confirmó la desvinculación de tres funcionarias vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda (PNB), una decisión que generó críticas desde sectores ligados a la administración anterior, pero que desde el Ejecutivo defienden como parte de ajustes administrativos propios del cambio de gobierno.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, junto al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, reiteraron que la continuidad del plan no está en discusión y que las modificaciones no afectan su ejecución.
Cambios en cargos de confianza
Las autoridades explicaron que las salidas corresponden a cargos de “exclusiva confianza”, lo que faculta al actual equipo a realizar ajustes en la estructura del Programa de Derechos Humanos, organismo encargado de ejecutar el PNB.
Entre las desvinculadas se encuentra Paulina Zamorano, quien lideraba el programa, además de Magdalena Garcés, coordinadora del área de búsqueda, y Tamara Lagos, encargada del archivo de la unidad.
Aunque desde la administración anterior destacan la experiencia de Zamorano —con más de una década en el programa—, en el gobierno sostienen que la decisión se enmarca dentro de las atribuciones legales del subsecretario.
Críticas por posible desmantelamiento
La salida de las funcionarias generó cuestionamientos. Tamara Lagos calificó la medida como un “acto brutal de desmantelamiento” del Programa de Derechos Humanos, asegurando que los avances logrados han sido limitados y tardaron años en concretarse.
Pese a estas críticas, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos señalaron que los cambios fueron informados previamente a la asociación de funcionarios y que responden a una reorganización interna.
Continuidad del Plan Nacional de Búsqueda
El Ejecutivo insiste en que el Plan Nacional de Búsqueda seguirá adelante sin alteraciones. De acuerdo con fuentes de gobierno, la planificación para 2026 se mantiene intacta, incluyendo diligencias coordinadas con ministros en visita en causas de derechos humanos a nivel nacional.
El propio ministro Rabat ya había transmitido a su equipo que el objetivo es garantizar la continuidad del programa, considerado clave en la agenda de derechos humanos.
Nuevas incorporaciones en evaluación
Paralelamente, el subsecretario Mira trabaja en la incorporación de nuevos profesionales para reemplazar a las funcionarias salientes. Los nombramientos se anunciarían durante abril.
Entre los nombres que suenan para asumir roles clave aparece la abogada Constanza Garrido, quien cuenta con experiencia previa en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.








