Gobierno lanza estrategia para reducir el ausentismo laboral en el sector público

El Gobierno ha iniciado una serie de medidas para reducir el ausentismo laboral en el sector público, una problemática que supera ampliamente al sector privado. Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en 2023 los trabajadores públicos acumularon un promedio de 25,4 días de licencias médicas electrónicas, mientras que en el sector privado el promedio fue de 13,6 días.

De acuerdo al Anuario Estadístico de Empleo Público publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en julio, el promedio anual de días hábiles no trabajados en el Gobierno Central fue de 31,78 días por funcionario en 2023. La mayoría de estos días se deben a licencias médicas por enfermedades o accidentes comunes, seguidos por otros permisos pagados, incluyendo permisos administrativos.

Para abordar esta situación, la Dipres organizó un taller con más de 50 servicios públicos y ministerios, con el apoyo de la Contraloría General de la República y la Dirección del Servicio Civil. Durante el taller se presentaron normativas y se discutieron los problemas que genera el ausentismo laboral en la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

El Gobierno ha decidido que los servicios públicos no podrán solicitar incrementos en su dotación de personal en el Presupuesto 2025 si su nivel de ausentismo laboral por licencias médicas no parentales en 2023 superó en más de un 30% el mismo dato de 2018. Si el ausentismo estuvo entre el 15% y el 30%, se permitirán incrementos de dotación solo si se implementa un plan para reducirlo.

Actualmente, el personal total del Gobierno Central es de 488,153 empleados, de los cuales el 82,3% tiene funciones permanentes y el 17,7% realiza funciones transitorias. El informe también destacó un aumento de 42,060 puestos en el sector público en comparación con el año anterior, impulsado en parte por la implementación del Censo 2024.

El Gobierno continuará implementando estas medidas con el objetivo de asegurar un uso eficiente de los recursos públicos y mejorar la responsabilidad fiscal.

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