La Corte Suprema ratificó este lunes el desafuero del diputado independiente Mauricio Ojeda, investigado por el desvío de más de $730 millones en el caso Convenios. Esta decisión se tomó luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco aceptara la solicitud de la Fiscalía en julio pasado.
Ojeda enfrenta acusaciones de fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos. Según la Fiscalía, el diputado jugó un rol clave al contactar a las fundaciones Folab y Educc, gestionar su postulación a fondos públicos y coordinar con funcionarios la aprobación de los programas que permitieron la transferencia de dinero. Tras recibir los fondos, las cuentas de las fundaciones se vaciaban rápidamente, devolviendo el dinero a Ojeda y a otros involucrados, junto con intereses.
Además, la investigación reveló que cuando se le solicitó entregar su celular como parte de las pruebas, el dispositivo estaba destruido. Se ha señalado también que Ojeda sugirió a otros implicados «quemar» sus teléfonos para eliminar evidencia.
Con el desafuero, Ojeda puede ser acusado penalmente y enfrentarse a medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, si así lo determina el proceso judicial. En abril de este año, el diputado renunció a la bancada del Partido Republicano, luego de meses de automarginación de las actividades del partido.





