Corte de Apelaciones detiene la aplicación del polémico dictamen de Dorothy Pérez sobre «confianza legítima»
La Corte de Apelaciones de Santiago suspendió la implementación del dictamen sobre “confianza legítima” emitido por Dorothy Pérez, Contralora General de la República. La decisión surge tras acoger una orden de no innovar en un recurso de protección interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana en representación de dos funcionarios municipales desvinculados.
El dictamen y la controversia
El dictamen, publicado el 6 de noviembre de 2024, establecía que las disputas sobre la «confianza legítima» serían resueltas exclusivamente por los tribunales de justicia. Este enfoque generó rechazo en los gremios del sector público, quienes consideran que afecta derechos fundamentales de los funcionarios a contrata.
El concepto de «confianza legítima» ha sido objeto de debate. Mientras Contraloría sostenía que dos años bastan para garantizar estabilidad laboral, la Corte Suprema ha reiterado que el periodo necesario es de cinco años.
El recurso de protección
La Fundación Fuerza Ciudadana alegó que el dictamen vulnera derechos constitucionales, como la igualdad ante la ley y la integridad psíquica, al permitir desvinculaciones arbitrarias sin fundamentación. Según el recurso, los funcionarios afectados llevaban más de dos renovaciones de contrato y cumplían con los requisitos establecidos por la Corte Suprema.
Decisión judicial y próximas acciones
La Novena Sala del tribunal, integrada por los ministros Antonio Ulloa, José Rodríguez y el abogado Jorge Gómez, ordenó suspender los efectos del dictamen, exigiendo que Contraloría continúe resolviendo las solicitudes de pronunciamiento relativas a la materia.
El debate sobre el denominado “criterio Pérez” se trasladará nuevamente a los tribunales, donde se espera una decisión de fondo en enero de 2025.
Contexto legislativo
En paralelo, sectores oficialistas en el Congreso proponen regular por ley la “confianza legítima” para garantizar estabilidad laboral a los funcionarios públicos, intensificando la presión sobre el Gobierno y la Contraloría.





