Caos en Servicio de Evaluación Ambiental: Cuatro funcionarios demandan al SEA por acoso laboral y ambiente de intimidación y violencia

Cuatro empleados del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) interpusieron una demanda laboral en el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, denunciando un ambiente de trabajo caracterizado por el acoso, la intimidación y la discriminación. Esta acción judicial, la tercera en contra de la actual administración del SEA, acusa a la dirección ejecutiva liderada por Valentina Durán de promover un entorno laboral hostil y negligente que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores.

Los demandantes, acusan a sus superiores, entre ellos Macarena Gross Juan Cristóbal Moscoso, Andrea Peña, Camila Carrasco y Andrea Paredes, de incurrir en maltratos y actitudes intimidatorias que crean un clima de «miedo e inseguridad». Según sus testimonios, estos superiores recurren constantemente a gritos, comparaciones humillantes, omisiones y descalificaciones, y en algunos casos, incluso han amenazado con despidos a quienes expresan opiniones diferentes a las de sus jefaturas.

Uno de los relatos más impactantes fue compartido por una de las victimas, quien trabaja en el Departamento de Participación Ciudadana y Evaluación del Medio Humano. Ella narra que, desde su ingreso al SEA, fue advertida de las “actitudes y prácticas” que debía seguir para evitar confrontaciones con sus superiores. En una de las reuniones, Sepúlveda cuenta que Juan Cristóbal Moscoso, jefe de División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, llegó tarde, lanzó una taza de café sobre la mesa y la increpó con preguntas constantes y agresivas, sin darle espacio para responder adecuadamente, creando un «ambiente de presión y temor».

Los trabajadores señalan que, además de este tipo de actitudes, las jefaturas ejercen un «control absoluto» sobre la toma de decisiones y buscan invalidar las opiniones profesionales del equipo, imponiendo su punto de vista mediante gritos y un tono autoritario. Los demandantes expresaron que este tipo de acciones reflejan una «cultura de violencia laboral» sostenida por una administración que, en lugar de proteger a las víctimas, prioriza la defensa y capacitación de los jefes acusados.

Ricardo Encina, abogado de los trabajadores, afirmó que los hechos denunciados representan un «desprecio por la dignidad humana» y violan el principio de objetividad que debería regir en la dirección del SEA. Encina sostuvo que esta administración ha gastado recursos públicos en la defensa de los jefes acusados, ignorando sistemáticamente los derechos de los empleados afectados. Según Encina, el caso evidencia una falta de autocrítica y de compromiso para erradicar el acoso laboral en la entidad.

Esta denuncia se suma a otras dos acciones judiciales previas en contra de la dirección actual del SEA. La primera fue presentada en diciembre de 2023 por Bárbara Rojas, ingeniera ambiental, quien acusó a la institución de acoso laboral y detalló un ambiente “tóxico” en el SEA. Posteriormente, Jimena Hevia, geógrafa y jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano, también interpuso una demanda laboral, describiendo prácticas de acoso y un clima laboral adverso.

Este caso vuelve a poner en el foco público al SEA, que ya enfrenta una creciente presión social e institucional para abordar sus problemas internos y mejorar el ambiente laboral.

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