El Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago declaró culpable al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, por los delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de documentos oficiales y lavado de dinero. Su esposa, María Magdalena Neira, también fue condenada por lavado de activos. El tribunal acogió la demanda civil presentada por el Fisco de Chile por el monto total solicitado, con los reajustes y costas que se detallarán en la sentencia definitiva. La audiencia para conocer la pena se realizará el 1 de diciembre.
La Fiscalía solicitó una condena total de 20 años de cárcel para Espinosa: 10 por malversación, 5 por falsificación y otros 5 por lavado de dinero. En el caso de Neira, se pidieron 5 años de prisión por lavado de activos. Durante la lectura del fallo, el juez afirmó que Espinosa “sustrajo fondos públicos para su beneficio personal”, declarando falsamente que los recursos se destinaron a funciones propias de la PDI. Agregó que la naturaleza secreta de los gastos reservados no lo eximía de la obligación de decir la verdad ante la Contraloría.
El magistrado indicó que el exdirector de la PDI desvió al menos 146 millones de pesos y utilizó documentos falsificados de manera reiterada. Respecto a Neira, señaló que “cerró los ojos ante los hechos, actuando con una negligencia imperdonable”, considerando su cercanía y conocimiento de la situación familiar.
Detalles del juicio
El juicio comenzó el 6 de octubre y abordó las acusaciones por malversación de fondos públicos, falsificación de documentos y lavado de dinero. Según la investigación, Espinosa pedía al fallecido subcomisario Eduardo Villablanca Inostroza retirar el dinero correspondiente a gastos reservados, para luego depositarlo en sus cuentas personales. Esta práctica se habría repetido al menos 18 veces entre 2015 y 2017.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en agosto de 2021, tras detectar depósitos irregulares en las cuentas de Espinosa y su esposa. La acción buscaba establecer responsabilidades penales por la sustracción de fondos reservados y la falsificación de documentos oficiales.





