Estafas telefónicas en Chile: la banda que operó como un call center y engañó a decenas de adultos mayores cada día

Una organización criminal montó un falso call center con horarios laborales, oficinas rotativas y operadores disfrazados de ejecutivos bancarios para ejecutar una de las mayores redes de estafa telefónica del país.

Durante casi tres años, una banda criminal logró profesionalizar la estafa telefónica en Chile hasta convertirla en una verdadera empresa delictiva. Operaban desde distintas casas de seguridad en la ciudad de Talca, simulaban oficinas formales, cumplían horarios de trabajo y colación, y apuntaban exclusivamente a adultos mayores, a quienes engañaban con supuestos fraudes bancarios para robar sus datos financieros.

El origen de la organización se remonta a 2014, cuando dos delincuentes con historial de robos, Luis López Canales y Cristián Alejandro Jara Castro, coincidieron en la cárcel de Talca. Durante su tiempo en prisión diseñaron un plan que luego ejecutarían al recuperar la libertad, trasladar las estafas telefónicas desde las cárceles a domicilios comunes, evitando así la vigilancia policial y ampliando su alcance.

Una vez fuera, sumaron a un tercer integrante clave y arrendaron siete viviendas en distintos sectores, las que iban rotando semanalmente para no levantar sospechas. Cada inmueble era acondicionado como oficina, con puestos de trabajo, teléfonos adaptados y espacios de descanso. Los operadores ingresaban cerca de las 9 de la mañana y finalizaban su jornada después de las 5 de la tarde, vestidos como ejecutivos bancarios.

La pieza central del fraude era el uso de tecnología DTMF, un sistema capaz de captar las claves que las víctimas digitaban en sus teléfonos. A esto se sumaba la compra ilegal de bases de datos con información bancaria, obtenidas en internet por montos relativamente bajos. Con este método, la organización conseguía resultados diarios, entre 20 y 30 víctimas caían cada jornada, según estimaciones de la PDI.

Las llamadas seguían un guion cuidadosamente elaborado. Los estafadores se presentaban como funcionarios del área de prevención de fraude de bancos reconocidos, alertaban sobre supuestas compras sospechosas y pedían a las víctimas confirmar datos para bloquear operaciones inexistentes. Mientras uno hablaba, otro integrante ejecutaba de inmediato las compras o transferencias fraudulentas.

Las víctimas provenían de distintas regiones del país, desde el Biobío hasta la Región Metropolitana. En algunos casos, los delincuentes incluso lograron engañar a ejecutivos reales de entidades bancarias para obtener información adicional o reducir alertas de seguridad.

Con el aumento del dinero obtenido, que superó los 2 mil millones de pesos, la banda debió sofisticar el lavado de activos. Para ello incorporaron a un contador que creó nueve empresas ficticias, emitió contratos de trabajo simulados, pagó cotizaciones y generó facturación falsa. Estas sociedades permitieron justificar ingresos, solicitar créditos bancarios y adquirir propiedades y vehículos de alta gama.

Los sueldos declarados eran desproporcionados. Uno de los líderes figuraba con ingresos mensuales superiores a los 45 millones de pesos. El dinero se gastó en viajes internacionales, cirugías estéticas, automóviles de lujo y la construcción de mansiones en parcelas del Maule, con piscinas y quinchos de gran tamaño.

Este tipo de estafa volvió al centro del debate público tras el reciente caso que afectó a la actriz Amparo Noguera, víctima de un millonario engaño telefónico. Además, una denuncia previa de 2024 reveló la clonación de su tarjeta de crédito con compras realizadas en el extranjero, lo que evidenció la fragilidad de los sistemas de protección financiera y la sofisticación de estas bandas.

Actualmente, doce integrantes de la organización están detenidos y enfrentan penas que podrían llegar hasta los 18 años de cárcel. Sin embargo, la recuperación de bienes ha sido limitada, por lo que la Brigada de Lavado de Activos continúa siguiendo la ruta del dinero para incautar más propiedades y vehículos.

Las autoridades advierten que la estafa telefónica sigue siendo un delito de alta rentabilidad y difícil persecución, especialmente cuando se combina con estructuras empresariales falsas y tecnología avanzada. El caso del falso call center de Talca dejó al descubierto una modalidad criminal que opera con disciplina laboral, planificación y una logística comparable a la de una empresa formal.

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