Contratos bajo la lupa tras el megaincendio en Valparaíso, Contraloría detecta millonarios sobreprecios en San Nicolás SpA

Informe de Contraloría revela presuntas irregularidades por más de $6.700 millones en contratos adjudicados tras la emergencia por incendios en 2024

La emergencia provocada por el megaincendio en la Región de Valparaíso en febrero de 2024 no solo dejó una profunda crisis social y habitacional. Un reciente informe de la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en los contratos adjudicados a la empresa San Nicolás SpA para el retiro de escombros, por un monto que supera los $6.700 millones.

El documento advierte falta de respaldo técnico, posibles sobreprecios y subcontrataciones sin autorización formal. Los antecedentes ya fueron enviados al Ministerio Público.

Contratos por más de $6.700 millones tras el megaincendio en Valparaíso

Luego de la catástrofe, la entonces delegada presidencial regional, Sofía González, suscribió seis contratos vía trato directo con San Nicolás SpA para el arriendo de maquinaria pesada, incluyendo camiones tolva y retroexcavadoras. El objetivo era acelerar el retiro de escombros en turnos diurnos y nocturnos.

El monto total alcanzó los $6.725.655.566. La modalidad utilizada fue el trato directo, mecanismo permitido en contextos de emergencia, pero que exige igualmente controles y verificaciones.

Qué observó la Contraloría

El informe del órgano fiscalizador detectó múltiples irregularidades administrativas y financieras. Entre los principales hallazgos se encuentran:

Falta de evaluación formal de la idoneidad técnica de la empresa
Ausencia de boletas de garantía
Subcontratación total de los servicios sin autorización
Pagos duplicados por casi $400 millones
Posibles sobreprecios de hasta 220 por ciento respecto de valores de mercado

Además, se identificaron diferencias de hasta 557,89 por ciento entre lo pagado por la Delegación Regional y los montos que la empresa canceló a sus subcontratistas. El eventual sobreprecio podría alcanzar los $4.219 millones, considerando los valores más altos detectados.

Quiénes están detrás de San Nicolás SpA

El representante legal que gestionó las cotizaciones fue Pedro Briones González, vinculado a diversas sociedades del rubro de maquinaria. Sin embargo, formalmente los accionistas son Catalina Jara Briones, hija de Briones, y Tomás Avilés Tillería.

La empresa fue constituida en marzo de 2021 por María Maryorie Briones González, hermana de Pedro Briones. Posteriormente cambió de administración en varias ocasiones hasta quedar bajo el control de los actuales socios en noviembre de 2023.

En registros de compras públicas aparecen indistintamente distintos nombres como accionistas únicos, lo que también generó cuestionamientos.

Domicilios que no coinciden con la actividad declarada

Otro punto crítico fue la verificación de los domicilios informados por la empresa. En su estatuto figura una dirección en Coronel, pero en la fiscalización en terreno no se logró ubicar la oficina.

En contratos y facturas se consignaban direcciones en Concepción. Sin embargo, en esos lugares funcionaban un centro de estética y una oficina contable. Tampoco se registraba patente comercial vigente en esas comunas.

Además, los mismos accionistas controlan desde febrero de 2024 otra sociedad llamada Diones Centro de Estética Integral SpA, con una trayectoria societaria similar.

Primeros contratos en la Región del Biobío

El primer vínculo relevante con el Estado se produjo en julio de 2023, cuando la Delegación Presidencial del Biobío, encabezada entonces por Daniela Dresdner, adjudicó un contrato vía trato directo por $205 millones para la construcción de fosas sépticas tras incendios forestales.

Posteriormente, se autorizaron cerca de 20 contratos adicionales sin licitación, por un total aproximado de $528 millones. La empresa también obtuvo contratos en la Región de O’Higgins por más de $400 millones.

Desde la Delegación de Valparaíso se señaló que la empresa era conocida “por el nivel central”, debido a servicios prestados previamente en emergencias en el Biobío.

Cuestionamientos en el Ministerio de Obras Públicas

La Contraloría también examinó contratos adjudicados por la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para la demolición de viviendas en El Olivar, Viña del Mar.

La empresa fue recomendada por Yanino Riquelme, entonces seremi del MOP y posterior delegado presidencial regional.

El informe cuestionó que la directora regional consultara por WhatsApp sobre la “espalda económica” de la empresa sin exigir respaldo documental formal. El valor pactado por vivienda demolida fue de $7.306.600, superior a otras ofertas.

El MOP paralizó los trabajos por falta de boleta de garantía, pero ya se habían ejecutado obras por más de $1.527 millones, monto que fue pagado.

Impacto político y judicial

El caso abre un nuevo debate sobre los controles en situaciones de emergencia, donde la rapidez en la respuesta estatal debe equilibrarse con estándares estrictos de probidad y transparencia.

La investigación del Ministerio Público deberá determinar eventuales responsabilidades administrativas o penales.

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