Conmutación de penas para adultos mayores: los 7 casos emblemáticos que marcan la polémica

Proyecto para conmutar penas a adultos mayores abre debate sobre violadores de DD.HH. y criminales de alta connotación

El Senado aprobó en general un proyecto de ley que permite sustituir penas de cárcel por reclusión domiciliaria total para personas privadas de libertad que sean adultos mayores o estén gravemente enfermas. La iniciativa ha generado un fuerte debate porque, según ha advertido el propio Gobierno, podría beneficiar no solo a internos de baja peligrosidad, sino también a condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de alta connotación pública.

Las autoridades cifran en cientos los reos mayores de 70 años y/o enfermos graves que podrían cumplir los requisitos básicos del proyecto, mientras que el universo potencial podría superar las diez mil personas si la ley se mantiene amplia. En ese contexto, varios nombres emblemáticos han aparecido una y otra vez en la discusión pública.

1. Julio Pérez Silva, el “psicópata de Alto Hospicio”

Julio Pérez Silva fue condenado a presidio perpetuo por una serie de crímenes cometidos entre 1998 y 2001 en la Región de Tarapacá. La justicia estableció su responsabilidad en el secuestro, abuso sexual y asesinato de al menos 14 jóvenes, la mayoría adolescentes, a quienes atacaba mientras se trasladaban entre Alto Hospicio e Iquique. Es uno de los ejemplos que el propio Gobierno ha mencionado como símbolo del tipo de delincuentes que, a su juicio, no deberían acceder a beneficios de conmutación.

2. María del Pilar Pérez, la “Quintrala” de Ñuñoa

María del Pilar Pérez fue condenada como autora intelectual de un triple homicidio por encargo en la comuna de Ñuñoa. Los casos, ocurridos a fines de la década de 2000, incluyeron el asesinato de su exesposo y de otros familiares y cercanos, y tuvieron un altísimo impacto mediático. Su nombre suele aparecer en el debate como ejemplo de criminal de alta connotación pública que podría, en teoría, intentar acogerse a un régimen más flexible al envejecer.

3. Miguel Krassnoff Martchenko, exagente de la DINA

Miguel Krassnoff, ex brigadier del Ejército y agente de la DINA durante la dictadura, acumula múltiples condenas que suman más de mil años de cárcel por secuestros, torturas y homicidios calificados en causas de derechos humanos. Actualmente cumple sus penas en el penal de Punta Peuco. Es uno de los rostros más visibles del grupo de condenados por crímenes de lesa humanidad que podrían verse directa o indirectamente afectados por una ley que considere edad avanzada y deterioro de salud.

4. Álvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la CNI

Álvaro Corbalán fue jefe operativo de la CNI, organismo represivo sucesor de la DINA. Registra múltiples condenas por secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos durante los años 80. También cumple sus penas en Punta Peuco. Su caso se menciona cada vez que se discuten beneficios penitenciarios para violadores de derechos humanos, porque simboliza la cúspide de la represión política en el régimen militar.

5. Raúl Iturriaga Neumann, condenado por operaciones represivas

Raúl Iturriaga Neumann, también exintegrante de la DINA, está condenado por su participación en operaciones represivas como la Operación Colombo y otros casos de secuestro y homicidio de opositores políticos. Como en los casos anteriores, su avanzada edad y condición de salud han sido utilizadas por algunos sectores para pedir beneficios, mientras que familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos se oponen tajantemente.

6. Los “psicópatas de Viña del Mar”

Jorge Sagredo y Carlos Topp Collins, conocidos como los “psicópatas de Viña del Mar”, fueron condenados por una serie de homicidios y ataques sexuales cometidos a comienzos de la década de 1980. Los delitos incluyeron asesinatos, violaciones y asaltos, muchos de ellos cometidos cuando ambos eran funcionarios de Carabineros. El caso es uno de los más recordados de la crónica roja chilena, y suele citarse como ejemplo de asesinos en serie cuya eventual salida generaría un enorme rechazo social.

7. Condenados de Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad

Más allá de nombres puntuales, una parte central del debate gira en torno al conjunto de internos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad. Se trata, en su mayoría, de exmilitares y exagentes de organismos represivos que superan los 70 años y tienen múltiples condenas por secuestros, torturas, desapariciones forzadas y homicidios. El proyecto de conmutación de penas podría impactarlos especialmente si no se fijan exclusiones explícitas para este tipo de delitos.

Un debate cruzado por la edad, la salud y la gravedad de los delitos

Los defensores de la iniciativa insisten en que la conmutación de penas para adultos mayores busca dar un trato más humanitario a personas de edad muy avanzada o con enfermedades graves, que ya no representarían un peligro real para la sociedad y cuyo mantenimiento en recintos penales es costoso y complejo.

Los críticos, en cambio, subrayan que no se trata solo de edad o salud, sino de la naturaleza de los delitos cometidos. A su juicio, equiparar a reos comunes de baja peligrosidad con torturadores, asesinos seriales o abusadores sexuales reiterados supone un retroceso en términos de justicia y memoria.

El desenlace de la discusión dependerá de las indicaciones que se presenten en el Congreso: allí se definirá si se excluyen ciertos delitos, si se restringen los requisitos de acceso o si se mantiene un criterio amplio que podría alcanzar tanto a internos anónimos como a los rostros más controvertidos de la historia criminal y represiva chilena.

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